PRI Hidalgo exige frenar la violencia política de género

-Denunciaron legisladoras a la gobernadora de Campeche por actos que vulneran derechos humanos de las mujeres

CONTEXTOS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Exigieron diputadas federales hidalguenses del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Johana Montcerrat Hernández Pérez y Norma Aceves García, que inhiban los actos de violencia política por razón de género hacia legisladoras “tricolores”, provocados por señalamientos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Ante medios de comunicación, dieron a conocer que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) contra la mandataria, así como funcionarios del gobierno de Campeche por incitar a la violencia y acoso hacia diputadas priistas.

Recordaron que, Sansores San Román declaró públicamente que contaba con pruebas sobre la existencia de fotografías de índole sexual de diputadas federales del PRI, las cuales supuestamente pertenecían al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas.

“Los dichos públicos de la gobernadora incitan a la violencia contra las mujeres, sus conductas deben ser sancionadas, en particular, sus aseveraciones obstaculizan el libre derecho del ejercicio del cargo, basándose en estereotipos machistas y provocando reacciones violentas en nuestra contra”.

Hernández Pérez lamentó el actuar de la gobernante de Morena, pues contraviene la Ley Olimpia que castiga a quienes posean o distribuyan material audiovisual íntimo, sin consentimiento de las mujeres; además de incentivar al acoso y amenazas.

La diputada hidalguense aclaró que la intención de las quejas ante las instancias de derechos humanos es generar un antecedente para prevenir la violencia de género institucional, de ahí la urgencia de investigar al gobierno de Campeche por estos hechos e incluso separar del cargo a los responsables.

Igualmente, que el Instituto Nacional Electoral (INE) incorpore a los señalados en el registro de personas sancionadas en materia de violencia política por razón de género a fin de que no ocupen cargos de elección popular en los próximos seis años.

Finalmente, enfatizó que este tema no tiene relación con la guerra sucia que trasciende al interior del Revolucionario Institucional, en donde hay voces “tricolores” en el país que piden la renuncia de Moreno Cárdenas ante los pésimos resultados electorales de los últimos dos años.