Opacidad para conocer contratos por más de 26 mmdp

-Gobierno del estado no informó del estatus de convenios de financiamiento y obligaciones de 2016 hasta agosto 2022

APARATOS 

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Aunque la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo confirmó la celebración de contratos de financiamiento y obligaciones por más de 26 mil millones de pesos de 2016 a agosto de 2022, aclaró que no constituyen deuda pública, pero tampoco detalló el origen y destino de los recursos, tipo de crédito adquirido con instituciones bancarias o si el pago será con ingresos federales o locales.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, sólo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando lo destinen a inversiones públicas productivas, a refinanciamiento o reestructura, que incluye los gastos y costos relacionados, así como las reservas.

Además, el artículo 25 de la misma normativa señala que los entes públicos tienen la obligación de contratar financiamiento a partir de las mejores condiciones del mercado; asimismo, conforme la Ley General de Contabilidad Gubernamental divulgará tales compromisos con datos esenciales como importe, tasa, plazo, comisiones y accesorios pactados.

Al verificar en el apartado de contratación de financiamientos y obligaciones del Gobierno Hidalguense, exhibe que del 2016 a septiembre de 2022 hay 19 procesos competitivos, 18 de la administración de Omar Fayad Meneses y uno del gobierno de Julio Menchaca Salazar, por un monto total a 26 mil 901 millones 435 mil 279.66 pesos, sin sumar reestructuraciones de créditos o refinanciamientos para sustituir instituciones bancarias.

En los documentales referidos que aparecen en el enlace de transparencia de la administración estatal sólo constatan las fechas del proceso competitivo, clave de financiamiento que lo respalda, el monto, tasa de ejercicio objetivo y plazos en su mayoría de 365 días, también, el número de instituciones financieras invitadas, las ofertas y quien resultó ganador por las mejores condiciones de crédito.

Sin embargo, no detalla otros aspectos como el origen y destino de los recursos públicos, mecanismos de pago o especificar la fuente del mismo a contratar, pese a que es obligatoria su inclusión, esto con base en los lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos.

Por ello, La Crónica de Hoy en Hidalgo solicitó vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) el número de contratos por préstamos, créditos CAP (opción con tipo de interés máximo) o crédito simple sin garantía, que formalizó la Secretaría de Finanzas con instituciones bancarias del 5 de septiembre de 2016 al 5 de septiembre de 2022.

Igualmente, más especificaciones de 18 procesos competitivos para financiamientos, el destino del dinero en caso de su ratificación; la deuda que derivó de los mismos y el origen de los recursos para saldar dichos créditos, si fueron federales o estatales.

La Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo contestó de manera escueta y fuera de los plazos legales, en el folio 130213100159022, únicamente que tales contratos no representaban adeudos para la entidad, además que cumplieron con las condiciones del procedimiento de competencia.

“Respecto al estatus de los procesos competitivos, todos fueron celebrados en términos de las condiciones establecidas en el proceso competitivo. En el caso de la contratación de instrumentos derivados, estos no son financiamiento u obligaciones constitutivas de deuda pública. No obstante, las condiciones y destino de los créditos simples sin garantía, así como las reestructuraciones y el refinanciamiento, pueden consultarse en los contratos que se encuentran públicos en el apartado de Transparencia/ Contratación de Financiamientos y Obligaciones” (sic).

Al cotejar el link de internet que remitió el sujeto obligado, muestra la misma información que este diario ubicó sobre la contratación de financiamiento y obligaciones, sin más particularidades para reconocer hacia donde destinaron ese dinero, ya sea proyectos o inversiones públicas productivas.

Este rotativo solicitó una entrevista con la Secretaría de Finanzas para conocer a detalle de estos movimientos financieros, sin obtener respuesta al momento de la presente publicación.

CIFRAS EN EL TIEMPO

El 7 de diciembre de 2016 por 600 millones de pesos concretó un compromiso con el Banco Mercantil del Norte S.A., en este caso, la Secretaría de Finanzas sí mencionó su destino que era cubrir la insuficiencia de liquidez de carácter temporal; sin embargo, en el resto de los documentos únicamente indicó las fechas, cifras, institución bancaria, clave de financiamiento y tasa de interés.

En el año 2017, la oficialía formalizó tres contratos, 13 de marzo por un millón 377 mil 402 millones 844.02 millones de pesos con Banco BBVA Bancomer S.A.; con esa misma institución bancaria el 2 de febrero, 541 millones 357 mil 150 pesos y el 23 de noviembre, 400 millones de pesos con Banco Interacciones S.A.

Respecto al 2018, con Banco BBVA Bancomer S.A. consolidó cuatro propuestas, del 29 de enero por 495 millones 928 mil 582 pesos; 29 de mayo con mil 481 millones 114 mil 517.82 pesos; el 29 de junio, uno por 914 millones 736 mil 565.06 pesos y otro por 778 millones 956 mil 242.45 pesos; además, el 16 de febrero, por mil 271 millones 010 mil 393.99 pesos con Banco Nacional de México S.A.

De igual forma ese año, el gobierno de Omar Fayad informó sobre la reestructuración del adeudo que data del 10 de diciembre de 2013 por 636 millones de pesos; además de mil 548 millones 926 mil 521.04 pesos con registro del 1 de abril del 2015, ambas con Banamex.

El 30 de enero de 2019 por 450 millones 500 mil 014 pesos con Banco Nacional de México S.A.; ese mismo año otros cuatro compromisos con Banco BBVA Bancomer S.A.: el 19 de febrero, mil 158 millones 392 mil 606.61 pesos; 27 de marzo por mil 681 millones 646 mil 698.93 pesos; 29 de mayo, mil 429 millones 076 mil 651.98 pesos y del 17 de septiembre, mil 669 millones 862 mil 773.48 pesos.

Asimismo, en el 2019 dio cuenta de una reestructuración y/o refinanciamiento del adeudo por mil 676 millones 746 mil 421.33 millones de pesos, de fecha 5 de diciembre del 2014, con la institución bancaria Bancomer.

Correspondiente al 2020, en el sitio web estatal aparecen cuatro documentales de este tipo, del 29 de enero por 405 millones 071 mil 446 millones de pesos, 20 de febrero con mil 39 millones 185 mil 219.52 y del 17 de septiembre por mil 646 millones 572 mil 123.83 pesos, los tres con Banco BBVA Bancomer S.A.; además, el 26 de mayo 2020 un monto de mil 389 millones 294 mil 153.53 pesos adscrito al Banco Scotiabank Inverlat S.A.

Del 2021, tres con Banco BBVA Bancomer S.A., el 27 de enero por 359 millones 642 mil 878 pesos; el 23 de febrero, 913 millones 002 mil 655.75 pesos y 21 de septiembre, mil 618 millones 725 mil 408.63 pesos; de igual forma, el 20 de mayo con el Banco Nacional de México S.A, una cifra de mil 330 millones 326 mil 520.81 pesos.

Este año demuestra un convenio el 26 de enero por 314 millones 214 mil 310 pesos con Banco Nacional de México S.A.; el 22 de febrero, 779 millones 436 mil 777.09 pesos y el 19 de mayo, mil 260 millones 547 mil 380.97 pesos, ambas con BBVA México S.A.

Cabe mencionar, que recientemente aparece otro del 26 de septiembre, ya con logos del gobierno de Julio Menchaca, por una cifra de mil 583 millones 431 mil 365.19 pesos con BBVA México S.A.

SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Con fundamento en los saldos de la deuda pública inscrita en el registro de obligaciones del Gobierno Estatal, en diciembre de 2016 había un monto contratado de 5 mil 260 millones 079 mil 058 pesos, contempla cinco créditos: Banco Mercantil del Norte, S.A. por mil 471 millones 852 mil 537 para refinanciar el adeudo con Banco Nacional de México del 2009.

Con Banco Nacional de México, S.A., 636 millones de pesos destinado al desarrollo del proyecto de la Zona Industrial del Altiplano; uno más con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto de 440 millones de pesos para cubrir obras y acciones de rehabilitación por los daños ocasionados por el Huracán Ingrid en 2013.

Además, el contrato con Banco Nacional de México, S.A. por mil 548 millones 926 mil 521 pesos para recostear el crédito con el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo; también, el compromiso que tenía con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por mil 799 millones 300 mil pesos, aunque con la reconfiguración ahora está con BBVA Bancomer S.A.

El saldo para finales de 2016 era de 5 mil 2 millones 461 mil 925 pesos; en diciembre de 2017 pasó a 4 mil 799 millones 767 mil 992 pesos; en el mismo periodo de 2018, tras reconfiguraciones crediticias, registró un pendiente de 5 mil 36 millones 333 mil 904 pesos; para el último trimestre del 2019, 4 mil 756 millones 107 mil 321.77 pesos.

De 2020, conforme a documentos exhibidos por la coordinación de planeación financiera de la Secretaría de Finanzas, el monto contratado de adeudos ascendía a 5 mil 768 millones 401 mil 365.56 pesos con un débito de 4 mil 456 millones 452 mil 66.26 pesos; en el 2021, la cifra redujo a 4 mil 134 millones 604 mil 463.01 pesos.

Finalmente, para el tercer trimestre de 2022, el Gobierno de Hidalgo reportó un pendiente de 3 mil 876 millones 737 mil 435.15 pesos.