–Aunque confían en que SCJN corrija la reforma

–Consejera del INE estuvo de visita en Pachuca 

TRANCE

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Una vez publicado el llamado “Plan B” de la reforma, comenzarán con el acatamiento de artículos transitorios, reconocer el impacto económico, de recursos humanos, así como reglamentarios al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó la consejera, Carla Astrid Humphrey Jordan, quien dijo que confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procurará lo relativo a la progresividad de derechos humanos.

De visita por Pachuca, opinó sobre la reciente publicación de las permutas a las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales impulsó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aprobada por parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM).

Como parte de las nuevas disposiciones, designarán un encargado de la secretaría ejecutiva, pues en el “Plan B” ordenan el cese de Edmundo Jacobo Molina; también integrarán una comisión o comité de transición para evaluar los efectos de las reformas en los reglamentos del INE.

Reconoció que hay plazos vencidos que refieren los artículos transitorios, ya que indicaba que a partir de enero identificarían los lineamientos, reestructuración y metodologías para adaptarse a la citada reforma electoral.

“Tenemos que ser cuidadosos en que la reforma no nos reduce una sola de nuestras actividades, pero sí nos reduce personal, entonces vía reglamentaria tenemos que ver que personal necesitamos, donde lo necesitamos, porque finalmente tenemos que cumplir con las mismas obligaciones constitucionales, así que a partir de mañana detonaremos una serie de trabajos para analizar cuáles son las reformas que tenemos que hacer”.

Otro de los artículos transitorios puntualiza que el Consejo General, a más tardar en abril, identificará las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructuración orgánica del instituto, con ello, respetar los derechos laborales del personal, sobre ello, Humphrey Jordan insistió en que auguran una merma del 85 por ciento (%) de la plantilla laboral.

Asimismo, dichas liquidaciones significarán un monto importante porque el lineamiento del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) contempla las modalidades para rescindir contratos, en tanto que será imposible utilizar para este fin a los fideicomisos que tiene INE porque son destinados al patrimonio mobiliario u otros conceptos.

Lamentó que estos cambios plantean la desaparición de las juntas distritales, pues antes contaban con personas para cada área, como fiscalización, registro federal, jurídico, organización y otros, ahora sólo habrá un enlace en cada jurisdicción.

“Me parece que el riesgo o daño más grande con esta reforma es a nivel distrital, desaparece (la junta distrital) y que una sola persona hace todas las actividades, por eso decía que había reglamentación interna, es cómo podemos hacer el análisis para cubrir con cuantas personas estamos”.

Finalmente, confió en que la SCJN resuelva oportunamente las acciones y controversias constitucionales que formalizaron autoridades electorales, partidos políticos, entre otros, para revocar el “Plan B”, especialmente en lo relacionado a la progresividad de los derechos humanos, la paridad de género y acciones afirmativas.