-Los primeros días de marzo, en el Diario Oficial de la Federación difundieron la segunda parte de las disposiciones, es decir, las reformas a Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que prevén que aumenten el número de controversias o acciones de inconstitucionalidad ante la corte

RANCE 

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Ni el Instituto Estatal Electoral (IEEH), diputados de oposición o el Congreso local que actualmente preside el legislador del Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, tampoco los más de 50 municipios gobernados por el “tricolor”, Partido de la Revolución Democrática (PRD) o contrarios a Morena formalizaron acciones de inconstitucionalidad o controversias para anular disposiciones del “Plan B” de la reforma, hasta ahora sólo recurrieron los ayuntamientos de Nicolás Flores, Huasca de Ocampo y Tlanchinol.

Actualmente, son una decena de acciones de inconstitucionalidad que interpusieron partidos políticos, el 33 por ciento (%) de senadores, además de una cifra superior a 120 controversias constitucionales que promovieron gobiernos estatales o municipales, así como el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la primera parte del denominado “Plan B”, validado en diciembre del 2022, que refiere a los cambios en la Ley de Comunicación Social y Ley de Responsabilidades Administrativas.

Destacan entre quienes inconformaron tales reformas a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Durango, Baja California, Chihuahua; además de los Poderes Ejecutivos de Jalisco, Chihuahua, Colima, Aguascalientes, Coahuila y los Congresos locales de Jalisco y Coahuila.

Respecto a Hidalgo, el índice de acciones o controversias pendientes por resolver señala que al 6 de marzo únicamente registra tres expedientes de los municipios de Tlanchinol, 153/2023; por parte de Huasca de Ocampo, el folio 152/2023 y de Nicolás Flores, 151/2023, todos con alcaldes de Acción Nacional (PAN)

Uno de las disposiciones que controvierten las citadas alcaldías es el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, la cual señala que los entes públicos elaborarán programas anuales que observarán especificaciones como objetivos, metas, procedimientos, tiempos; en tanto que el límite del gasto del programa anual referido, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1% del presupuesto de egresos anual correspondiente.

Cabe mencionar que, en Hidalgo, más de la mitad de ayuntamientos los gobiernan partidos opositores a Morena, 32 del PRI, 10 del “sol azteca”, ocho panistas, seis del desaparecido Encuentro Social Hidalgo (PESH), tres de Movimiento Ciudadano (MC), dos del extinto partido local Podemos y uno independiente; asimismo, en el Congreso local hay ocho legisladores “tricolores, dos “albiazules” y uno “amarillo”.

Los primeros días de marzo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) difundieron la segunda parte del “plan B”, es decir, las reformas a Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que prevén que aumenten el número de controversias o acciones de inconstitucionalidad ante la corte.