DEFINICIONES Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá si la primera parte de estas reformas acataron los procedimientos legislativos

REMOLINOS 

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Luego de reuniones para analizar los efectos del “Plan B” de la reforma electoral a nivel local, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH), Federico Hernández Barros, reconoció que existen riesgos importantes de organización para los comicios en la entidad, lo cual repercutirá en mayor presupuesto; por ello insistió en esperar a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este tema. 

Explicó las posibles consecuencias para la contienda concurrente del 2024, en caso de que validen estas reformas, en una primera parte la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas; en un segundo decreto, las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Ley General de Partidos Políticos (LGPP); Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación.

Entre las disposiciones destacan reestructuraciones al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) para compactar su organigrama, efectuar la revisión de tabuladores salariales, cambios en las asignaciones presupuestales, adscripción de personal, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y demás bienes utilizados por las unidades administrativas; en los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) aplicará la misma reingeniería.

“La verdad que sí hay riesgos importantes porque la segunda parte de esta reforma que estarán siendo discutidas en la SCJN impactan directamente en la estructura de INE y ahí es donde las repercusiones son de carácter financiero para la entidad porque afectan por un lado lo que es la integración de las estructuras del INE, principalmente en las áreas operativas, aquellas que son responsables de la emisión de las credenciales para votar con fotografía, de las áreas que son responsables del proceso de insaculación, notificación, capacitación y selección de quienes serán los funcionarios de casillas”.

Precisó en entrevista que, ante la reducción de personal en el INE, entonces muchas actividades las asumirá el IEEH y ello significaría contratación de más personal, principalmente en elecciones concurrentes como en el 2024 que renovarán la Presidencia de la República, senadores, diputados federales, además en Hidalgo elegirán presidencias municipales e integrantes del Congreso local.

“En ese proceso de preparación de la estructura electoral humana, de los funcionarios que estarán a cargo de la recepción de los votos, es una de las tareas que quedan acotadas para el INE con estas posibles reformas y esto tendría que ser ya responsabilidad directamente del OPLE y esto nos estaría incrementando de manera importante el presupuesto”.

A LA ESPERA. Esta semana, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, pondrá a consideración del pleno el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, promovidas por los Partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), 46 senadores y 177 diputados federales de minorías parlamentarias, en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobadas el 27 de diciembre de 2022.

Dicho proyecto plantea la invalidez en su totalidad dichos ordenamientos, al considerar que el decreto combatido viola los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tras aprobarse sin observar las reglas del procedimiento legislativo.

Por tanto, requiere del voto de al menos ocho ministros para invalidar las normas revisadas.

Al respecto, el litigante priista reiteró la importancia de la determinación de la corte, ya que, en caso de lograrse los ocho votos en la corte, sería un antecedente para el debate de la segunda parte del denominado “plan B” y ante una eventual nulidad total, mantendrían la misma normativa.

“Pero si logran más de tres votos en contra de la propuesta que haga el ministro ponente, si fueran cuatro votos que validen las reformas de esta parte del “plan B”, entonces el escenario es complejo y tendríamos que esperar el análisis de cada una de las minutas de las reformas a las diferentes leyes electorales para que sepamos que procede y que no, que sería otro escenario”.