Sigue la Secretaría de Contraloría con investigaciones por entrega-recepción

BALANCES. Se procedió a hacer unas auditorías, fueron 25 en total, de ellas 15 corresponden a municipios y 10 a dependencias y organismos.

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Derivado de las 25 auditorías que realizó la Secretaría de Contraloría, tras el proceso de entrega-recepción, formalizaron investigaciones en tres vertientes: irregularidades detectadas por la citada dependencia en cuanto a faltas de tipo administrativo, las que conllevan sanciones graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa y finalmente las denuncias en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), explicó Álvaro Bardales Ramírez.

“De los hallazgos que salieron en el acta de entrega-recepción, una vez que terminó, se procedió a hacer unas auditorías, fueron 25 en total, de ellas 15 corresponden a municipios y diez a dependencias y organismos, dentro de esas se presentan las denuncias correspondientes en la PGJEH y las vistas al Tribunal Administrativo”.

Pormenorizó en entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo que, de estas pesquisas en las presidencias municipales, seis personas fueron separadas de sus encargos: por vinculación a proceso, Luis Francisco González Garay de Pisaflores y de Tlahuelilpan, José Alfredo Díaz Moreno; tres están en prisión, que son los ediles de Huautla, Felipe N.; Yahualica, Elías N y de Epazoyucan, Fidel N y el de Nopala de Villagrán, Luis Enrique Cadena García con orden de aprehensión, pero prófugo.

Igualmente, el contralor corroboró que cinco presidentes municipales devolvieron los recursos, dos aclararon observaciones y otros siguen en proceso, aunque no precisó los nombres para procurar la secrecía de datos y el debido proceso.

En cuanto a las investigaciones al interior de dependencias y organismos estatales, dio a conocer que son diez que remitieron a la Procuraduría General de Justicia, así como al Tribunal de Justicia Administrativa, ambas instancias determinarán las sanciones correspondientes, en el primer caso responsabilidades incluso de tipo penal y en el segundo, inhabilitaciones del servicio público, entre otras.

El funcionario enumeró algunos otros los temas que indagan, como la contratación de servicios subrogados en el sector salud y educativo, igualmente anomalías en cuanto a las licitaciones y contratación de obra pública, gastos extraordinarios en armamento, software, entre otras.