Invalidarían comicios ante violencia política por razón de género

-Únicamente cuatro entidades del país contemplan en sus códigos o leyes electorales dicha causal de nulidad. Una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, la disposición aplicará por primera vez para la contienda del 2024 cuando renueven diputaciones locales y 84 presidencias municipales

MECANISMOS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Declararán la nulidad de comicios cuando el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) acredite actos que constituyan violencia política en razón de género y sean determinantes para el resultado de la misma, una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado (POEH) dicha disposición, aplicará por primera vez para la contienda del 2024 cuando renueven diputaciones locales y 84 presidencias municipales.

Hidalgo, junto con Ciudad de México, Coahuila y Veracruz son las únicas entidades del país que prevén dicha causal de anulación de comicios locales dentro de sus códigos o leyes electorales, en contraste con las normativas federales y 28 entidades.

Conforme la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral del Estado son al menos son 30 conductas enunciativas, más no limitativas, que constituyen violencia política por razón de género.

Por ello, los actores políticos, partidos, aspirantes, candidaturas independientes e involucrados en los procesos electorales en Hidalgo tienen que evitar cualquier conducta que incumpla las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; ya que persiste el riesgo de invalidar los resultados de la jornada.

Algunas de las conductas que constituyen violencia política por razón de género, son: obstaculizar campañas políticas o que sean en condiciones desiguales; distribuir o realizar propaganda que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos.

Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas; divulgar imágenes, mensajes o revelen información personal de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación.

Amenazar o intimidar en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función; restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades, como su incorporación, toma de protesta o acceso a un cargo.

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; realizar proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde desarrolla la actividad pública.

Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución, incluido pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas; obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley; obstaculizar el acceso a la justicia; por mencionar algunas.

Ya hubo nulidades por violencia política contra las mujeres

Actualmente, en el país hay dos antecedentes de nulidad de elecciones por violencia política por razón de género, confirmadas con sentencias de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el municipio de Iliatenco, Guerrero, durante el proceso 2020-2021, derivado de propaganda y mensajes públicos con impactos negativos hacia una candidata de Movimiento Ciudadano (MC).

Entre los espectaculares que detectaron en la demarcación guerrerense durante campaña estaban: “las mujeres no saben gobernar”, “las viejas no sirven para gobierno” y “ninguna mujer al poder”.

Igualmente, en Atlautla, perteneciente al Estado de México durante 2021 donde ubicaron pintas de bardas con mensajes misóginos contra una contendiente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A partir de la concepción de estos agravios hacia las mujeres en la política, en los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, diseñaron protocolos, criterios jurídicos y mecanismos para su detección, atención y sanción oportuna.

Cualquier fémina que considere alguna violación a sus derechos políticos puede interponer denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) u Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), quienes realizan las diligencias necesarias para la integración del expediente como procedimiento especial sancionador; en caso de así considerarlo, decretar medidas cautelares y de protección, a fin de que cesen los actos que constituyen violencia política, con ello evitar daños irreparables.

Igualmente, el instituto puede canalizar a instancias competentes para la atención física, psicológica y de salud; en el caso de féminas indígenas, actuarán con perspectiva de género e interculturalidad.

Luego de las investigaciones, remiten todo a los tribunales para que determine la existencia o no de estos delitos, en su caso, fijarán medidas de reparación como disculpa pública o indemnización de la víctima; o bien, sanciones como la pérdida, cancelación del registro de la precandidatura o candidatura; amonestaciones, multas, reducciones del financiamiento de hasta 50 por ciento (%) para los partidos políticos.

Incluso ya existe el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política por razón de género, algunos de ellos con la prohibición de competir para un cargo de elección popular por cierta temporalidad; en el país actualmente son 298 inscritos, cuatro de Hidalgo.

OTROS MOTIVOS PARA REVOCAR TRIUNFOS ELECTORALES. El Código Electoral hidalguense también establece otras causales de nulidad que comprobarán de manera objetiva y material: que en el desarrollo de la jornada ocurrieron irregularidades como que la recepción de la votación se realice en fecha distinta a la elección; en más de un 20% de las secciones electorales no instalaran las casillas y, por tanto, no recaben los sufragios.

Que derivado de las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado declaren la invalidez de la votación en más del 20% de secciones; que los candidatos que hayan obtenido mayoría de votos en el cómputo de la elección respectiva se vean afectados por causa superveniente que los haga inelegibles para el cargo para el que fueron postulados.

También, que comprueben que algún candidato o partido político rebase el tope de gastos de campañas en más de 5%; que adquieran cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; la recepción o uso de recursos de procedencia ilícita o dinero público en las campañas.

Cabe enfatizar que, presumirán las violaciones como determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%.