Ninguna concesión nueva 

Cuando se proporcionen será en un procedimiento con bases claras, regulares, legales y transparentes para la población hidalguense: Lyzbeth Robles

HASTA AHORA

Alberto Quintana Codallos

En la presente Administración Estatal no se ha otorgado ninguna nueva concesión del transporte público en la entidad, afirmó la secretaria de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo, Lyzbeth Robles.

“Las concesiones no se venden, rentan o tramitan de manera irregular, se hace un llamado al sector de los transportistas actúe de manera legal, hay añejas prácticas de rentar o vender los permisos del servicio público”.

Lyzbeth Robles puntualizó que son actos no permitidos por las autoridades estatales, la Semot otorga las concesiones a determinas personas que cumplen con requisitos y estas acciones son irregularidades e ilícitas.

“En esta Administración no se han otorgado nuevas concesiones, cuando se proporcionen será en un procedimiento con bases claras, regulares, legales y transparentes para la población hidalguense”.

Reiteró que hasta el momento no hay programa, mecanismo o convocatoria abierta para proporcionar las concesiones a las personas que lo requieran; el gobernador Julio Menchaca Salazar tiene muy presente que se habrá de implementar un programa y para quienes quieran tener una concesión del transporte público.

“La entrega de los permisos ya no se hará como en las anteriores administraciones estatales que se las entregaban a  los líderes, compadres, políticos y grupos de poder que estaban en su momento”.

Esas prácticas ya se terminaron con el nuevo gobierno del estado de la Transformación, por lo tanto se acabaron los privilegios a los que estaban acostumbrados los dirigentes de las organizaciones del servicio público.

Respecto a las concesiones que se entregaron en los últimos días de la anterior administración estatal la dirección del transporte convencional hace una revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes.

La secretaria del Transporte del estado expuso que son procesos complejos por el análisis que se hace en el Programa de Ordenamiento de Transporte (POT) las personas afectadas deben impugnar de manera legal.