Prioritaria, reforma en materia indígena

Ariadna González Me parece que la reforma es prioritaria y que debe salir antes de que concluya este periodo, para que entonces podamos aplicarla para el proceso electoral del 2024, se nos comentó que se estaba dando esa intención para que el IEEH la retome y pueda ser la base para el proceso electoral

-Debe ser aprobada por el Congreso local en este periodo ordinario para que aplique en las elecciones del 2024

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Resulta prioritario que la reforma en materia indígena sea aprobada por el Congreso local en este periodo ordinario para que aplique en las elecciones del 2024 y con ello acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que data del 2019: de acuerdo con la consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Ariadna González Morales, son diversos temas que retomaron en la iniciativa como la clasificación de demarcaciones autóctonas, traducción de la propaganda, procedimientos de consulta, la inclusión del término pertenencia comunitaria, entre otros.

El IEEH participó en el comité técnico asesor para la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, una vez que el Congreso local realizó los foros para el diseño de las bases para dicho ejercicio que establezca como las personas indígenas y afromexicanas hidalguenses participarán para cualquier cargo público o de elección popular.

La consulta indígena derivó de las acciones de inconstitucionalidad, 108/2019 y acumulada 118/2019, interpuestas por el desaparecido partido local Más por Hidalgo (MXH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en las que la corte invalidó la reforma electoral publicada el 9 de septiembre del 2019.

“Me parece que la reforma es prioritaria y que debe salir antes de que concluya este periodo, para que entonces podamos aplicarla para el proceso electoral del 2024, se nos comentó que se estaba dando esa intención para que el IEEH la retome y pueda ser la base para el proceso electoral”.

En entrevista, detalló que la propuesta incluye que municipios entre 35 a 50 por ciento (%), partidos políticos postularán candidaturas propietarias y suplentes indígenas en al menos 35%; con porcentaje de habitantes mayor al 50.01 hasta el 65% de espacios en la fórmula; los que superen el 65.01%, cederán el 80% de registros y aquellos con más del 80.01 de pobladores autóctonos, mínimo 80% de sus contendientes.

En donde exista menos del 35% de población con comunidades originarias, las cúpulas concederán al menos una fórmula dentro de la planilla; igualmente, refiere el número mínimo de distritos indígenas que es tres, aunque la consejera recordó que con la nueva distritación local ya son seis: Zimapán, Zacualtipán, Tlanchinol, Huejutla, Ixmiquilpan y Metepec.

“Como IEEH estamos a la esperar a ver que se legisle, bajar esta información a nuestros lineamientos, acompañados con las otras reglas que tienen que ver con la atención de grupos de atención prioritaria y grupos vulnerables, aparte de esto, a nosotros nos enviaron esta propuesta por parte del comité asesor, aparte de estos temas, se difunden otros más como el cambio al sistema normativo indígena, la transferencia de recursos, ratificación ante ayuntamientos, algunas otras cuestiones de la creación de la dirección ejecutiva de derechos políticoelectorales de pueblos y comunidades indígenas, así como otras cuestiones en general”.

Otra de las innovaciones, puntualiza diferentes formas de participación para personas indígenas para cualquier cargo de elección popular, ya sea mediante partidos políticos o como independientes; prevé el término de pertenencia comunitaria, como un mecanismo legal que contribuya a evitar la simulación y la posible usurpación de identidades indígenas y afromexicanas.

Con esto acredita la condición personal que define la existencia de una ciudadanía comunitaria de la persona postulada a ocupar la candidatura indígena, es decir, la relación de pertenencia de alguien con una comunidad culturalmente diferenciada, acreditable a través de medios objetivos de prueba que serán hechos del conocimiento de la Asamblea General Comunitaria que corresponda, a través de la notificación que se haga al delegado o delegada municipal, o bien, a la autoridad o representante.

Cuando se trate de constancias para acreditar la pertenencia comunitaria, únicamente tendrán valor jurídico aquéllas expedidas por autoridades autóctonas, a excepción de aquellos casos en los que en el municipio de que se trate, no existan comunidades indígenas y afromexicanas reconocidas, por lo que atenderán elementos de prueba que hagan indicios de un posible vínculo con el grupo, comunidad o población.

Además, la consejera González Morales reconoció la inclusión de la traducción de la propaganda a lenguas indígenas, acción afirmativa que implementaron en anteriores comicios y que ahora buscan su formalización en el Código Electoral hidalguense.

“Es bueno tomarlo en cuenta y pensar en esa progresividad, además ahora tenemos el reto de 84 municipios y 18 distritos locales, en donde me parece que es necesario que los partidos políticos y candidaturas tengan en cuenta la perspectiva cultural, que no solamente beneficia a los pueblos y comunidades indígenas, sino que también beneficia a ellos como partidos para tener una cercanía y entendimiento mejor con la ciudadanía en general”.