-En México, el 20 por ciento es población indígena; en Hidalgo, entre el 10 al 15% pertenece al sector autóctono y afromexicano

TEPJF

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Sostuvo la magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María G. Silva Rojas, que es importante escuchar a los pueblos y comunidades indígenas para reconocer los elementos que acrediten la correcta adscripción calificada y con ello evitar la usurpación de identidad de los grupos vulnerables rumbo a los comicios del 2024.

Durante la conferencia magistral celebrada en Pachuca, “Avances y retos en las vías jurídicas de los casos de usurpación de identidad indígena frente al proceso electoral local 2023-2024”, recordó que en México el 20 por ciento (%) de la población es indígena, mientras que en Hidalgo entre el 10 al 15% pertenece al sector autóctono y afromexicano.

Reflexionó sobre la representación política efectiva de los pueblos y comunidades indígenas en los órganos de gobierno para que realmente procuren las acciones, beneficios, cultura, patrimonio, intereses y opiniones de las mismas, por ello existe el sistema de partidos o candidaturas independientes, además de la adscripción que certifica una pertenencia comunitaria.

En esto último abundó que Sala Superior determinó criterios para corroborar la adscripción calificada como acreditar que participaron activamente en comunidades nativas, que prestaron servicios o documentos signados por representantes o asociaciones tradicionales.

Sin embargo, reconoció que estos mecanismos no siempre son los más idóneos porque no es posible tratar el tema como algo homogéneo, ya que hay sistemas normativos internos o usos y costumbres como las asambleas generales, consejos de ancianos, mayordomías u otros órganos superiores.

“Es difícil y compleja la situación a la que nos enfrentamos, debemos reconocer las particularidades de las comunidades, porque no es suficiente que lleguen personas indígenas a órganos de gobierno, para que realmente se sienten representados tenemos que escucharlos”.

La jueza comentó que ante la complejidad y diversidad del tópico sugirió a las autoridades electorales revisar los acuerdos y resoluciones relacionados a la postulación de indígenas, comunicar oportunamente convocatorias, candidaturas registradas y todos los fallos, con ello generar certeza y equidad no solo a sectores vulnerables de la población, sino a toda la población.

Cuestionada sobre la posibilidad de declarar la nulidad de una elección por usurpación de identidad indígena, Silva Rojas explicó que no es una causal establecida en la ley, pero todo dependerá de la demanda, si acreditan violación de principios constitucionales como igualdad y no discriminación vinculados a la materia electoral.

En cuanto a la carga jurídica que esperan rumbo a los comicios concurrentes del siguiente año, específicamente por acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad, la magistrada reiteró que ante la cantidad de cargos en disputa si habrá gran número impugnaciones, según los acuerdos o resoluciones que expidan el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

“Tenemos que ser conscientes en algunos casos hay candidaturas que pueden llegarse a impugnar por ser una usurpación, pero en ocasiones hay temas políticos atrás de los medios de impugnación, entonces las autoridades también tenemos que estar conscientes de esto, no sé si habrá incremento o no, sé que habrá muchas impugnaciones, pero no sé si por esta cuestión en específico (usurpación de identidad)”.