– Incluso así, existen mecanismos para garantizar el acceso efectivo a la justicia para representantes de pueblos y comunidades indígenas, consideró la consejera, Ariadna González

PERSPECTIVAS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Pese a que la reciente reforma aprobada por la LXV Legislatura no incluyó la creación de la Defensoría Pública Ciudadana de Derechos Político Electorales, existen mecanismos para garantizar el acceso efectivo a la justicia para representantes de pueblos y comunidades indígenas, consideró la consejera, Ariadna González Morales.

Para el 22 de agosto publicaron las reformas citadas, destaca lo relativo a la eliminación de 84 consejos municipales, aspectos de relección, revocación de mandato, así como disposiciones para la participación política de sectores autóctonos y de la diversidad sexual.

Sin embargo, los diputados locales descartaron otros articulados relevantes como la instauración de la Defensoría Pública Ciudadana dentro de la estructura del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), entre otras particularidades como reconocer expresamente al autogobierno comunitario, presupuesto participativo, entre otras.

El próximo 15 de septiembre es la fecha límite para aprobar y publicar cualquier reforma en materia electoral, es decir 90 días antes de iniciar oficialmente el proceso electoral que es el 15 de diciembre.

“La verdad es que me parece bueno la defensoría electoral, como lo tiene por ejemplo Chihuahua, es donde se ha generado acercamiento con la ciudadanía, como ayudarles en esta defensa del ejercicio de los derechos políticoelectorales, me parece que sí era un punto importante de la reforma; cuando se presentó la reforma se hizo mención que el paquete se aprobó una parte y quedaba pendiente otra, no sé si se contemplarían la defensoría, esperaría que sí”.

La consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH) aclaró que esto no significa una omisión por parte del Congreso local, pues actualmente existen otros mecanismos jurídicos en la legislación hidalguense para procurar los derechos políticos, además de la constante perspectiva intercultural con la que actúan tanto las autoridades administrativas como las jurisdiccionales.

De acuerdo con la iniciativa para la Defensoría Pública Ciudadana, en la Ley Orgánica del TEEH especificarían que es un órgano administrativo con independencia técnica y de gestión en su función; recibirá, tramitará, dará seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias y procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas físicas y con los mecanismos e instrumentos de democracia directa, participativa, representativa y procesos democráticos, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y de brindar a la ciudadanía hidalguense su derecho al debido proceso.

Servicios gratuitos de asesoría y defensa respecto al inicio y desarrollo de mecanismos de participación ciudadana, otros asuntos como quejas, denuncias e impugnaciones que conlleven la necesidad de protección de los derechos políticoelectorales de grupos vulnerables, como adultos mayores, mujeres, jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas de la diversidad sexual y con discapacidad, así como aquellos que entrañen la necesidad de apoyo institucional ante la advertencia de un esquema de desigualdad entre las partes.