-Expertos en Derecho, así como el Poder Judicial del estado respaldaron su actuar, ya que afirman que ella respondió de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales

CASO AZOYATLA

Luis Enrique Juárez Guzmán

A través de redes sociales se condenó el hecho que la jueza encargada de la causa penal en la que se investigaba a un expolicía de Mineral de la Reforma por presunta violencia contra de su expareja sentimental, expertos en materia de derecho afirman que ella sólo se apegó al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Incluso, en las “Jornadas por la Paz y Bienestar del Pueblo” llevadas a cabo del pasado 6 de febrero de 2025 en Mineral de la Reforma, familiares y amigas de Rosaura “N”, reprocharon que haya sido el Poder Judicial quien dejó en libertad al expolicía Marco Antonio “N., presunto feminicida y multihomicida.

El pasado miércoles 5 de febrero, entre las 6:30 y 8:30 de la mañana, se registró el feminicidio y multihomicidio en una vivienda ubicada en la localidad de Azoyatla de Ocampo, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, los cuales, presuntamente fueron perpetrados por Marco Antonio “N., expareja de la hoy occisa, Rosaura “N”.

Consultado por La Crónica de Hoy en Hidalgo, Jesús Gabriel Hidalgo, titular del Despacho Jurídico Hidalgo & Ríos, Asociados, afirmó que los hechos ocurrieron a raíz de una suspensión condicional no cumplida y la cual fue autorizada por una jueza Janeth Montiel Mendoza.

Sin embargo, dijo, quien debe de dar seguimiento cabal a las condiciones a cumplir del plan detallado que el Ministerio Público le tuvo que plantear a la jueza para que, precisamente ella estuviera en condiciones de aceptarla, es la Procuradora General de Justicia del Estado de Hidalgo, el mismo Ministerio Público y someterse a unas medidas cautelares”.

Es decir, de acuerdo con el experto, la jueza actuó conforme a las normativas locales y con base en los hechos y argumentos presentados por el Ministerio Público encargado de la investigación generada tras la denuncia de Rosaura “N”.

“La gente piensa que al hablar de suspensión condicional dieron por terminado el procedimiento, y no, no es así. Ahí también la responsabilidad recae en la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que son los encargados de revisar ese cumplimiento a las medidas impuestas por la jueza pero solicitadas por el Ministerio Público”.
Y reiteró que, la responsabilidad recae en dos, en el Ministerio Público y en el encargado de las Medidas Cautelares, porque a esa persona se le designó ese seguimiento a la investigación.
“La jueza no tiene responsabilidad en esta cuestión, está recae en el Ministerio Público y en la en la Unidad de Medidas Cautelares, las cuales no fueron garantizadas y cumplidas”.
Y finalizó, “las medidas cautelares es que la persona implicada en el delito, no debió de acercarse a la víctima, con ello, la ley establece que se prevenga alguna situación mayor en contra de la víctima, como la que desgraciadamente ocurrió en la comunidad de Azoyatla”.