Tras entender los diputados que su reforma era violatoria de la autonomía municipal, pues prefirieron no esperar a que la corte les corrigiera la plana y lo hicieron ellos, yo esperaría que en el senado ocurra exactamente lo mismo para que entonces la corte no tenga que entrar al fondo del estudio y sobresea la controversia, es decir que no entre a fondo porque no habría materia de análisis

AYUNTAMIENTOS PANISTAS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Incluso cuando recientemente la Cámara de Diputados derogó el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que limitaba el gasto anual que ejercían los municipios por concepto de publicidad, no retirarán las controversias constitucionales que promovieron ayuntamientos de Acción Nacional (PAN) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), precisó Irma Beatriz Chávez Ríos, secretaria de Capacitación y Formación del Comité Directivo Estatal “albiazul”.

Ni siquiera transcurrieron tres meses de las permutas a la Ley de Comunicación Social y esta semana la mayoría de los diputados federales echaron para atrás la citada disposición que formaba parte del “Plan B” del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, la panista insistió en que el numeral 26 de la Ley de Comunicación Social atenta el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la autonomía de los municipios para ejercer sus presupuestos, en donde y como lo gastarán, además de vulnerar la libertad para delinear sus estrategias de difusión.

Por ello, al menos cinco municipios formalizaron controversias ante la corte, la mayoría de extracción “albiazul”: el expediente 153/2023 de Tlanchinol, 152/2023 de Huasca de Ocampo, Nicolás Flores con el folio 151/2023, el 188/2023 de Tezontepec de Aldama y 213/2023 de Huejutla de Reyes; mención aparte, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) presentó otra con el numeral 208/2023.

“Al entender los diputados que su reforma era violatoria de la autonomía municipal, pues prefirieron no esperar a que la corte les corrigiera la plana y lo hicieron ellos, yo esperaría que en el senado ocurra exactamente lo mismo para que entonces la corte no tenga que entrar al fondo del estudio y sobresea la controversia, es decir que no entre a fondo porque no habría materia de análisis”.

El año pasado, diputados y senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron el llamado “Plan B” de la reforma electoral que incluyó cambios en la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Comunicación Social, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Respecto a la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de diciembre del 2022, específicamente en el artículo 26 señala que los entes públicos elaborarán programas anuales de comunicación social que observarán especificaciones como objetivos, metas, procedimientos, tiempos.

En tanto que, puntualiza que quienes disponen de recursos públicos, municipios, entidades y órganos autónomos, el límite del gasto del programa anual de comunicación social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento (%) del presupuesto de egresos anual correspondiente.

Tal situación provocó que partidos políticos, organizaciones civiles, municipios, Poderes Ejecutivos de los estados, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como el Instituto Nacional Electoral (INE) interpusieran acciones de inconstitucionalidad o controversias en la corte.

“Nosotros nos centramos claramente en el tema de los municipios, porque no sólo es que se viole la libre administración de su presupuesto, además obligaría a no cumplir con una disposición también constitucional que es el derecho y obligación que tienen los municipios de informar a la gente que es lo que hacen y como lo hacen, e incluso cuanto están gastando en las diferentes actividades, se estaría violando el derecho de las personas a saber cómo se maneja el municipio”, puntualizó Chávez Ríos.