Leonardo Herrera

 Las diferencias entre la jefatura política del estado y el Grupo Universidad (GU) de Gerardo Sosa, se recrudecieron en las últimas semanas, al punto del rompimiento que obligó a la intervención de los líderes morales del partido de la estrella, que por un lado recriminaron las acciones que cometió su dirigencia estatal y ya en privado dejaron abierta la posibilidad de retirar la membresía una vez concluido el proceso.

La embestida fue ordenada por Gerardo Sosa, que desde su prisión domiciliaria y con gallardete electrónico, le exigió a su hermano Damián, organizar una conferencia de prensa para denunciar la intromisión del estado en el actual proceso, sin aportar una sola prueba o mención directa de como se ha dado la presunta injerencia o persecución.

La acusación desde el Congreso de la Unión no tuvo el respaldo de la dirigencia nacional petista ni mucho menos de los emblemáticos personajes morales que influyen en las decisiones de este partido, es decir del ex aspirante presidencial , diputado federal y representante en el Consejo General del INE Gerardo Fernández Noroña, por el contrario,  sí un airado reclamo por ejemplo, del senador y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que reprobó y calificó como un mal gesto político los dichos contra el gobernador Julio Menchaca Salazar.

El mal ya estaba hecho, las respuestas siguieron en cascada, desde Plaza Juárez fue el secretario de gobierno Guillermo Olivares el más crítico de los sosistas en la actual administración, quien salió al paso y además de rechazar los señalamientos, afirmó que su ex aliado electoral el PT, se convirtió en la membresía de un grupo político y de paso recordó que, en una reunión previa al arranque del proceso, pidió a las dirigencias de los partidos seleccionar escrupulosamente a sus candidatos para evitar que se colaran quienes están vinculado a actos delictivos, en relación a Damián Sosa quien camina en campaña con amparo en la mano.

Pero como era un tema partidista, entonces el equipo jurídico externo de la dirigencia estatal de Morena, ingresó la queja ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH) en contra de los candidatos a diputados locales del PT, entre ellos Salvador Sosa, hijo de Damián y sobrino de Gerardo Sosa Castelán, y la propia dirigencia estatal de ese organismo, por violaciones a la ley electoral, la cual quedo registrada bajo el número IEEH/SE/PES/050/2024.

El organismo electoral a través de su controvertida Secretaría Ejecutiva Dulce Olivia Fosado, dictó medidas cautelares y emplazó a Salvador Sosa, cinco candidatos más y la dirigencia,  a bajar la propaganda donde usaban las palabras “que siga la 4T”, “4T” o “cuarta transformación, por considerar que se está “generando confusión en el electorado”, pues las frases corresponden exclusivamente a Morena y en Hidalgo no hay coalición o asociación con el PT en las elecciones locales, así que,  a regañadientes los petistas tuvieron que aceptar y quitar su publicidad de las redes sociales.

En realidad, las declaraciones, el expediente y su resolución, que representan en si un hecho sui generis en el país debido a la alianza nacional que Morena y PT sostienen, confirma el rompimiento local del gobernador Julio Menchaca con Gerardo Sosa y su grupo, cuyos sus efectos serán mayores aun después del 2 de junio, pues la historia comienza a escribirse y uno de los primeros pasos será sacarlos del PT que es a donde se encamina la nueva batalla.

De mi tintero… Las acusaciones de corrupción, irregularidades y siembra de pruebas, del abogado Francisco Díaz Cravioto en contra de la directora del Cereso de Pachuca, Indira Zavala Lacona y funcionarios de la Secretaría de Seguridad, no pueden desestimarse aun en la circunstancia en la que se encuentra el titular de la firma jurídica Díaz, ,  que acumula 19 procesos en su contra por fraude… No es la primera vez que se señala la venta de protección al interior de la cárcel más grande del estado, ni tampoco que se siembran pruebas para fabricar culpables, más aun,  en el caso de Zavala Licona, estuvo bajo investigación en la fuga masiva de 9 reos del penal de Tula, cuando rescataron violentamente a Artemio Maldonado alias el “Michoacano”, así que,  bien valdría la pena no dejar al aire los señalamientos, sobre todo ahora que la administración estatal dice mantener una lucha contra la corrupción… Los que tendrán que hacer una limpieza de su “cochinero” literal son las autoridades de Atotonilco el Grande, encabezadas por el alcalde Hugo Ramírez, que perdieron un juicio por delitos ambientales y fueron condenados por el juzgado de distrito a sanear un tiradero clandestino que abrieron y se negaron a limpiar…