REFORZAMIENTO

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Urgieron asambleístas municipales de Acción Nacional (PAN) a que el gobierno del estado redireccione presupuesto para reforzar la seguridad en las demarcaciones que son focos rojos, principalmente para optimizar la prevención del delito, los controles de confianza, capacitar a elementos y equipar a corporaciones, asimismo, lamentaron la indolencia con la que ciertos funcionarios públicos abordan el tema.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal, Marcela Isidro García, refirió sobre la situación de violencia que prevalece en diversos municipios como Mineral de la Reforma o Tulancingo, en donde los últimos días ocurrieron hechos violentos y homicidios, por lo que es necesaria una respuesta de los ayuntamientos y gobierno estatal.  

“Pedimos que gobierno del estado dé atención al tema que mucho nos hace falta a los hidalguenses, sabemos que desde el discurso se tienen algunas situaciones, que se llevan a cabo estrategias con policía municipal y estatal, pero en las acciones es diferente, pues no existen recursos para solventar estos gastos para capacitar y equipar policías municipales y puedan responder a las expectativas, no lo vemos así”.

Consideró que los mensajes oficiales parecieran simulación porque no existe congruencia entre el presupuesto que aprobó la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, cuando la realidad es que no hay recursos suficientes para atender las carencias en materia de seguridad.  

Por su parte, el diputado federal, Asael Hernández Cerón, recordó que el PAN denunció desde hace meses los recortes presupuestales al mencionado rubro, principalmente en el FORTASEG, subsidio que conceden a municipios y/o estados para fortalecer seguridad, asimismo, reprochó la estrategia fallida del gobierno federal de “abrazos, no balazos”.

Insistió que la inseguridad en el país y el estado es una realidad, por lo que no es adecuado calificarlos como “hechos aislados”, en tanto que es necesario revisar la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), así como del Poder Judicial local.

También reprobó las declaraciones indolentes de funcionarios o representante populares, como la diputada local de Morena, Tania Meza Escorza, que dijo a los medios de comunicación “como señalaba el secretario (Guillermo) Olivares, si la víctima hubiera podido acercarse a la primera mesa, afortunadamente la historia sería otra. No quiero decir que eso le hubiera salvado la vida, él hubiera es ocioso hablar de él…”.

Jenny Marlú Melgarejo Chino, síndica jurídica de la alcaldía de Pachuca, criticó que la estrategia de seguridad del gobierno no es formal ni seria, ya que no solo son reuniones semanales o foros en municipios, es necesario que asuman otras medidas enfocadas en la prevención y la cultura de la denuncia, también fortalecer los controles de confianza.

La regidora de Mineral de la Reforma, Marlen Puertas Ramírez, mencionó algunas de las propuestas que formalizó en el cabildo pero que no tuvieron eco, por ejemplo, destinar más presupuesto para crear una casa de primer contacto para resguardar a mujeres víctimas de violencia, además de incrementar el número de policías pues son 202 elementos para una población que supera los 200 mil habitantes, lo cual es insuficiente.

Abundó que la demarcación está entre los primeros cinco lugares del estado con mayor incidencia de violencia familiar, por eso requiere vigorizar el mando coordinado y que el gobierno del estado tenga mayor involucramiento.

Finalmente, Benita Manilla Martínez, regidora de Tulancingo, subrayó que el municipio padece una situación crítica de inseguridad, por eso requirió a la alcaldesa que conceda más presupuesto para mejorar el alumbrado público y condiciones de la policía local.