Llamado es a no  meter las manos  en elección: ACZ

REITERAN 

Rosa Gabriela Porter Velázquez 

Exhortó el presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Caballero Zerón, a la civilidad política y recordar el llamado hacia servidores públicos de todos los niveles para respetar la legislación durante la fase de campañas y no incidir en los comicios de gobernador.

Trascendieron diversas denuncias por parte de los partidos que integran la coalición “Va por Hidalgo”, en cuanto a vulneraciones a la normativa electoral presuntamente cometidas principalmente por Morena y/o servidores públicos adscritos al Gobierno Federal, desde condicionamiento de programas sociales hasta participación en eventos proselitistas.

 Al respecto, el presidente del órgano partidista y coordinador parlamentario de Morena en el Congreso local insistió en que todos los funcionarios tienen que definirse, si optan por ahora el acompañamiento de campaña o involucrarse de lleno a sus responsabilidades en las dependencias gubernamentales y cargos de elección popular, con pleno respeto a la legislación.

“Los primeros obligados a respetar la ley somos nosotros, tenemos que actuar con responsabilidad, esto va para los servidores públicos de los tres Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, que cualquier funcionario público saque las manos de los procesos electorales y que defina a que se va a dedicar, si es función pública o la campaña, pero no puede usarse una responsabilidad para incidir en un proceso electoral o preponderar a un candidato o partido”.

El pasado 31 de marzo, la LXV aprobó el exhorto dirigido hacia funcionarios para que durante los comicios de gobernador se abstengan a permitir el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, con la finalidad de incidir y posicionar en el electorado a algún candidato, partido político, candidatura común o coalición.

Pese a ello, actualmente la alianza “Va por Hidalgo”, conformada por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), interpuso más de 30 procedimientos especiales sancionadores relacionados a posible mal uso de programas sociales para beneficiar al candidato de Morena.