–Disminuirán los espacios reservados de candidaturas para grupos vulnerables como indígenas, discapacitados o diversidad sexual; además de trastocar los avances en materia de género.

INSTITUTO ELECTORAL DE HIDALGO

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Advirtió la consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Miriam Saray Pacheco Martínez, que el “plan B” afecta la progresividad de los derechos humanos, disminuye el número de candidaturas o espacios para grupos vulnerables y perturba los avances en materia de violencia política por razón de género.

En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo detalló los impactos de la citada reforma que impulsó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con aval de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), específicamente en los tópicos de paridad, violencia política y acciones afirmativas.

“El plan B tenemos que analizarlo a partir del contexto actual, como sabemos las acciones afirmativas, así como el principio de paridad, forman parte de la constitución y ha sido a base de luchas, son logros conquistados en un primer momento por las mujeres y en un segundo, personas en situación vulnerable, ha sido progresivo, pues los derechos humanos son así, no podemos dar marcha atrás, el plan B como está planteado implica una limitante para la progresión de derechos”.

Con la normativa electoral anterior, tras la contienda del 2021, obtuvieron curules 30 personas indígenas, ocho con discapacidad, cinco migrantes, cuatro afromexicanos y tres de la diversidad sexual.

Sin embargo, la reciente modificación al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala, “en observancia al principio de igualdad sustantiva, los partidos políticos nacionales deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios, al menos 25 postulaciones para indígenas, afromexicanas, discapacitados, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes”. 

Asimismo, puntualiza que, en las diputaciones de mayoría relativa, esas acciones afirmativas las postularán en cualquier distrito electoral federal; en cuanto a las de representación proporcional, serán en dos bloques dentro de los primeros 20 lugares.

“Tan solo, de la reciente geografía electoral, son 44 distritos indígenas dentro de los 300 y en atención a lo que se ha venido realizando en acciones afirmativas y representación a grupos en situaciones de vulnerabilidad, se podría pensar que son 44 espacios para esas personas indígenas, pero con la reforma nos dice que los partidos en el caso de diputaciones federales, llevarán al menos 25 postulaciones, que incluye a personas que son indígenas, afromexicanas, discapacidad, diversidad sexual, residentes en el extranjero y personas jóvenes, es decir, tenemos por lo menos seis grupos en situación vulnerable que estarían restringiéndose a 25 lugares”, expuso la consejera.

También, dichas permutas abundan que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir mediante el proceso legislativo establecido en la Constitución, las normas que regulen el proceso de postulación de candidaturas, lo cual constituye la reserva de dicha materia, que no podrá ser regulada, contrariada o modificada por otras de carácter secundario como acuerdos, lineamientos o reglamentos que por jerarquía normativa se encuentren subordinados a la ley.

Este último apartado limita al Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a incluir otras acciones afirmativas para grupos vulnerables; igualmente, refiere la obligatoriedad de la paridad en el Congreso de la Unión, aunque a partir de dos bloques de alta y baja competencia.

“Con esta generación de bloques de alta y baja competencia es difícil poder saber en cuales distritos las mujeres tienen menos oportunidades de poder llegar a un puesto de elección popular, si bien si se garantiza la postulación y en consecuencia la integración paritaria, también se tiene que ver cómo vamos a lograr la integración paritaria y como se va a volver transversal con las acciones afirmativas”.

Otro tópico es que ya no suspenderán derechos o prerrogativas políticoelectorales por sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales, por tanto, impide la cancelación de candidaturas a personas deudoras alimentarias, que ejercieron violencia familiar o sexual.

 “Si empezamos a normalizar la violencia como parte de lo cotidiano, entonces como sociedad vamos a tener una regresión de todo lo que hemos avanzado, tolerarlo sin duda vulnera el ejercicio de los derechos políticoelectorales porque empezamos a modificar los valores sobre los cuales se asienta nuestra democracia, la honestidad, congruencia, todo ello que nos identifica”, lamentó Pacheco Martínez.

 Finalmente, trascendieron reformas que atentan a los avances de paridad de género, principalmente al interior de los partidos políticos para que adecuen sus documentos básicos conforme los conceptos de igualdad, así como a la atención, prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres.