–Congregados en la Plaza Independencia de Pachuca, el contingente mostró su rechazo al denominado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrado

#YODEFIENDOALINE

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Al igual que en el resto del país, ciudadanos y organizaciones civiles de Hidalgo marcharon en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), cientos de personas se congregaron en Plaza Independencia para manifestar su rechazo al “plan B” de la reforma que impulsó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La mayoría de los asistentes utilizaron colores blancos con distintivos rosas, algunos mostraban pancartas con leyendas como “El INE no se toca” o “Yo defiendo al INE”, luego de congregarse cerca del Reloj Monumental, caminaron hasta Plaza Juárez.

Aunque la convocatoria fue de organizaciones civiles, también acudieron personajes ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), quienes reiteraron que la marcha no era de índole político.

Apenas la semana pasada, senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) votaron a favor del llamado “plan B” de la reforma electoral, por lo que el Poder Ejecutivo deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

Sin embargo, partidos políticos, colectivos civiles, el INE, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), entre otros, ya promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tratar de invalidar dichas permutas a seis ordenamientos: Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Comunicación Social, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Expertos en materia electoral alertaron sobre los riesgos de dicho “plan B”, principalmente en la organización y capacitación, garantía de los derechos políticoelectorales; afectaciones en la operación e instalación de los módulos de atención ciudadana al mudarse a bienes inmuebles de dominio público de los municipios, entidades federativas o de la federación.

CONCEPTOS. Disminuir el porcentaje de personas insaculadas del 13 por ciento (%) al 10% implica riesgos en la integración de secciones electorales con menos de 100 ciudadanos en listado nominal; además que privilegiar a ciudadanos de mayor edad para integrar las casillas vulnera los derechos de los más jóvenes, cuando más del 50% por ciento de las personas que integran las mesas directivas son menores de 30 años.

Además, reducir el plazo que tiene la autoridad electoral para el adiestramiento a ciudadanos afecta el control de calidad a los procedimientos de reclutamiento y selección de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).

Con la reforma, de 17 mil 600 trabajadores del INE, prescindirán de al menos 7 mil personas; en tanto que con estas permutas desaparecerán más del 85% de las 2 mil 600 plazas pertenecientes al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en todo el país.

Por ejemplo, actualmente 892 forman parte de la estructura del Registro Federal de Electores (RFE), área encargada de verificar la funcionalidad de los módulos para tramitar las credenciales para votar, la integridad del padrón y listados nominales, entre otras, pero con la reforma únicamente prevén a 32 encargados.

NIVEL LOCAL. Habrá impactos en las 300 juntas distritales, que las integraban cinco vocales, el ejecutivo, secretario, de organización, capacitación y del RFE, cada uno con actividades específicas y simultáneas en años sin comicios o con elecciones, ahora solo habrá una persona comisionada.Aminora el número de candidaturas o espacios para grupos vulnerables y perturba los avances en materia de violencia política por razón de género.

Por mencionar algunas disposiciones, el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala, “en observancia al principio de igualdad sustantiva, los partidos políticos nacionales deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios, al menos 25 postulaciones para indígenas, afromexicanas, discapacitados, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes”.

Asimismo, puntualiza que, en las diputaciones de mayoría relativa, esas acciones afirmativas las postularán en cualquier distrito electoral federal; en cuanto a las de representación proporcional, serán en dos bloques dentro de los primeros 20 lugares.

Con la normativa electoral anterior, tras los comicios del 2021 obtuvieron curules 30 personas indígenas, ocho con discapacidad, cinco migrantes, cuatro afromexicanos y tres de la diversidad sexual, por lo que ahora reducirán estas acciones afirmativas.  

También, dichas permutas abundan que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir mediante el proceso legislativo establecido en la Constitución, las normas que regulen el proceso de postulación de candidaturas, lo cual constituye la reserva de dicha materia, que no podrá ser regulada, contrariada o modificada por otras de carácter secundario como acuerdos, lineamientos o reglamentos que por jerarquía normativa se encuentren subordinados a la ley.

Este último apartado limita al Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a incluir otras acciones afirmativas para grupos vulnerables; igualmente, refiere la obligatoriedad de la paridad en el Congreso de la Unión, aunque a partir de dos bloques de alta y baja competencia.

Otro tópico es que ya no suspenderán derechos o prerrogativas políticoelectorales por sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales, por tanto, impide la cancelación de candidaturas a personas deudoras alimentarias, que ejercieron violencia familiar o sexual; entre otras.

PUBLICIDAD. La Constitución establece que toda propaganda gubernamental debe suspenderse durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, con excepción de las de salud, educación y protección civil, para generar equidad y certeza.

Ahora con el “plan B”, no considera propaganda a la promoción no etiquetada presupuestalmente como tal o a través de manifestaciones de servidores públicos “en uso de su libertad de expresión” o “en el ejercicio de sus funciones públicas” y permite campañas de información relativas a “servicios públicos”.

Además, faculta al INE para fiscalizar los ingresos y egresos de partidos, precandidatos y candidatos, en caso de no cumplir tienen sanciones como perder la candidatura; pero con la reforma, en ningún caso, se puede perder el registro como persona precandidata o candidata, en los casos en los que omita presentar el informe de precampaña o rebasen el tope de gastos.

En cuanto a la Ley General de Comunicación Social, en el artículo 26 señala que los entes públicos elaborarán programas anuales de comunicación social que observarán especificaciones como objetivos, metas, procedimientos, tiempos.

Igualmente, puntualiza que quienes disponen de recursos públicos, municipios, entidades y órganos autónomos, “el límite del gasto del programa anual de comunicación social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento (%) del presupuesto de egresos anual correspondiente”.