-La falta de comités de obra o contralorías sociales provocó que, durante la administración del exgobernador, Omar Fayad Meneses, violentaran la normativa y muchos de los proyectos exhibieron graves irregularidades

TRANSPARENCIA Y TRABAJO

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Vincular a la ciudadanía en la vigilancia y correcta ejecución de los recursos públicos mediante la instalación de comités de obra o sociales en diferentes regiones de la entidad, con ello involucrar a la población en las acciones de gobierno, explicó el titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez. 

Esencialmente, la contraloría social es el fomento a la participación ciudadana en material de control y fiscalización de los recursos públicos, para ello la dependencia estatal coordina estas actividades con los tres órdenes de gobierno y delinea la organización e incorporación de la sociedad organizada interesada en la planeación y evaluación de programas de la administración pública.

En entrevista con La Crónica de Hoy en Hidalgo dio a conocer que ya formalizaron 650 comités de contraloría social en todo el territorio estatal, en tanto que los temas varían según la problemática o necesidades de la región.

“Nosotros estamos impulsando la participación ciudadana a través de otros mecanismos, no solamente los de contraloría social en obras de colonias o donde son beneficiarios”.

Por ejemplo, mencionó lo que acontece en la construcción de la carretera Real del Monte-Zacualtipán, en donde los habitantes denunciaron una supuesta devastación ecológica, desde tala de árboles, afectaciones a la fauna y flora, entre otras.

“Entonces, es una obra que ejecuta el gobierno federal, a pesar de todo, nosotros impulsamos la formación de un comité de contraloría social para esa función en específico, para la reforestación del tramo carretero Real del Monte-Huasca. Al momento de formar los comités ciudadanos, apoyamos con lo administrativo, de consulta, cuando se talaron los árboles, se recuperaron 70 mil especies pequeñas, susceptibles de ser trasplantadas a los invernaderos”.

Además, con este dialogo concretaron el compromiso de reforestación de 130 hectáreas por parte de las empresas involucradas en la obra; también brindar seguimiento a los materiales extraídos como madera, arena, grava, piedra, etcétera.

Otras de las funciones de la contraloría social es instalar buzones de quejas y denuncias sobre programas sociales o del actuar de servidores públicos, así como la implementación de mecanismos alternos de prevención, detección y combate a la corrupción. 

Al respecto, comentó sobre el caso de Tula de Allende, en donde optaron por un observatorio ciudadano con el que orientan a las organizaciones para encauzar sus demandas, principalmente las que derivan de las inundaciones que afectaron la región en 2021.  

“En el observatorio ciudadano es complicado unir a las expresiones, tiene sus ventajas, debilidades y fortalezas, ellos encontraron un camino de comunicación con la Secretaría de Contraloría para saber a dónde llevar sus demandas”.

Por mencionar algunas peticiones de la población de Tula, lo relativo a la limpieza que le compete a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) o la exigencia de reabrir la clínica número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sobre este último tema, el secretario explicó que la normativa federal impide la instalación de centros de salud en cualquier zona clasificada como de catástrofe, como ocurrió con el nosocomio citado, por ello el IMSS reubicará el hospital.   

“Las expresiones ciudadanas si sirven, nos ayudan a nosotros como Secretaría de Contraloría, son un apoyo, un pilar en cuidar el recurso y hacerlo óptimo”.

Igualmente, refirió de los trabajos en el comité de contraloría social en Jaltocán, en donde solicitan adecuaciones en la edificación de vías para contemplar bardas de contención y evitar desgajamiento de tierra.

También, en la región Huasteca señaló la urgencia de consolidar un observatorio regional para atender lo relativo a la disposición final de desechos sólidos, el abasto de agua y la dotación de energía eléctrica, con ello involucrar tanto a las autoridades municipales como la población.

BAJO LA LUPA

La contraloría social tiene sustento jurídico en los derechos de información, de petición, de asociación y de participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del desarrollo nacional, los cuales están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, Álvaro Bardales destacó que, entre las ventajas de estos entes es beneficiar a la mano de obra local e inhibir posibles actos de corrupción en la licitación o ejecución de proyectos.

“Así cero corrupción, además procuran que la mano de obra que se contrate sea local, que se le pague al menos los salarios que corren en la zona, porque de repente llegan contratistas que prácticamente esclavizan a la gente, no les pagan los salarios de la zona, no dan seguridad social, llevan a trabajadores de otros lados, en cambio cuando son trabajadores locales procuran que tipo de cemento, cuanta dotación, para que la obra les aguante, ellos cuidan su entorno, pues cuando la ciudadanía se involucra en la obra y hay un comité de contraloría social que verifica la obra, vamos bien”.

Reconoció que la falta de comités de obra o contralorías sociales provocó que, durante la administración del exgobernador, Omar Fayad Meneses, violentaran la normativa y muchos de los proyectos exhibieron graves irregularidades.

“Lo que sucedió con las auditorias que se hicieron, con la gente de municipios que está sujeto a un proceso ahorita, fue tanto recurso, que, sin comités de contraloría y comité de obra, se violaron todas las leyes o no hicieron las obras, entonces nosotros tenemos que volver a esa obligatoriedad de que todas las obras deben tener su comité de contraloría social, en eso estamos trabajando”.