-Combate a la corrupción, desabasto de medicamentos y fortalecer infraestructura de salud fueron algunos de los temas que hablaron en el debate

ASPIRANTES

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Exhibieron candidatos a diputados locales por el distrito de Tulancingo desconocimiento en leyes, reformas o facultades de las instituciones al plantear iniciativas para incrementar el abasto de medicamentos, gestión de presupuesto para mejorar infraestructura hospitalaria, reformas a ley de salud conforme a las carencias actuales, regresar escuelas de tiempo completo o dotar de apoyos económicos a estudiantes, gratuidad en la transparencia o crear un tribunal constitucional en Hidalgo equiparado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la confronta de ideas cuestionaron a los contendientes en los temas de salud, educación y anticorrupción, sin embargo, en la exposición de sus propuestas demostraron ignorancia en las legislaciones actuales, decretos o reformas recientes, atribuciones de los órdenes de gobierno y órganos autónomos e incluso programas sociales vigentes.

En el tópico de salud, Arturo Gómez Canales de la candidatura común “Sigamos haciendo historia en Hidalgo”, recordó que recientemente el gobierno estatal firmó el convenio con Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) que brindará gratuitamente atención médica, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.

Pese a que este acuerdo establece la transferencia por parte del gobierno hidalguense de los recursos propios, personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para IMSS-Bienestar, el aspirante de Morena y Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) reconoció que el abasto de medicinas es insuficiente y es necesario impulsar iniciativas para garantizar una estrategia de distribución, sin intermediarios; además de mejorar los salarios y contratar mayor personal.

Por su parte, Raúl Renán Sánchez Parra candidato de “Fuerza y Corazón por Hidalgo”, habló de mejorar la compra de medicamentos para inhibir la falta del mismo en los hospitales; mientras que Alejandro de la Concha Ortiz del Verde Ecologista de México (PVEM) comentó la necesidad de invertir en la industria farmacéutica.

En tanto que Salvador Sosa Arroyo del Partido del Trabajo (PT) puntualizó que abrogarán la Ley de Salud para actualizar conforme las demandas postpandemia, las carencias que muestra el sistema y para consolidar el modelo único que implementó el gobierno federal; además, comprometió a los jóvenes estudiantes de medicina que garantizará incentivos y becas.

Erika del Carmen Tello Arenas de Movimiento Ciudadano (MC) urgió a garantizar un financiamiento adecuado al sistema de salud y fortalecer la infraestructura hospitalaria, esto a pesar de los recientes convenios federales que ya transfieren los recursos propios, de libre disposición, o bien del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) al IMSS-Bienestar.

Respecto al tópico de anticorrupción, Renán Sánchez propuso la creación del tribunal constitucional de Hidalgo que equipara a la SCJN para “vigilar la procuración de justicia”; además dijo planteará la conversión de procuraduría a fiscalía, cuando esa permuta lleva años vigente en la entidad.

Gómez Canales abundó en la importancia de vigilar la adjudicación de contratos del gobierno para evitar malas prácticas, aunque apenas el Congreso local aprobó permutas a la Ley Orgánica de Administración Pública para instaurar un organismo encargado de la ejecución de los concursos y adjudicación de contratos en materia de compra y obra pública.

También defendió la transparencia y rendición de cuentas, pero nada opinó sobre la disminución de cinco a tres comisionados en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIH).

De la Concha Ortiz del PVEM insistió en la gratuidad y apertura de las plataformas de transparencia en gobierno estatal y municipales, sin embargo, desde hace más de 10 años ya es obligatorio el tema de rendición de cuentas.

Sosa Arroyo propuso el aumento de 10 a 20 años de castigo para servidores públicos que autoricen construcción de inmuebles y no cumplan disposiciones legales, mientras que Tello Arenas de MC insistió en consolidar los entes garantes de transparencia y órganos internos de control.

Finalmente, en el tema de educación prácticamente la mayoría de los candidatos comprometieron apoyos económicos para deserción escolar, cuando ya existen las becas del gobierno federal.