Nadie debe condicionar programas sociales, enfatiza el gobernador

– Llamado a la población para que en caso de detectar estas prácticas las denuncie ante la Procuraduría General de Justicia del Estado

ENTORNOS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Advirtió el titular del Poder Ejecutivo, Julio Menchaca Salazar, que ningún funcionario público puede condicionar, coaccionar o mal utilizar los programas sociales o becas que otorga el gobierno del estado, por lo que conminó a la población que en caso de detectar estas prácticas las denuncie ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

El gobierno de Hidalgo cuenta con al menos 83 programas y/o ayudas sociales, becas, fondos culturales, artesanales o científicos, emprendimiento económico, agrícolas, empoderamiento de las mujeres, incentivos para jóvenes, adultos mayores y personas discapacitados.

Tras entregar 349 millones 286 mil 657 pesos a más de 34 mil beneficiarios de siete programas sociales, el mandatario recordó en entrevista con los medios de comunicación que ahora no hay intermediarios para acceder a estos apoyos.

“Este tipo de eventos es precisamente para consolidar la conciencia de que no hay intermediarios, que son recursos públicos, no son recursos de una persona, ni del gobernador o de un legislador, son recursos que son producto de los impuestos, producto de la recaudación para trasladarlo de manera directa a las personas, no debe haber ningún condicionamiento, ninguno, ni de pertenencia política, ni de creencias, ni absolutamente nada”.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre otros, señala que los servidores públicos tienen prohibido usar o permitir, durante el proceso electoral, el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

Menchaca refirió que, ante cualquier irregularidad cometida por funcionarios públicos, pueden acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) o en la PGJEH.

“Es dirigido a cada uno de los sectores, salen las convocatorias, se cumplen con los requerimientos de cada uno de los sectores y se otorgan los apoyos, y si hay alguna persona que quiera hacer un mal uso, que se quiera apropiar, que diga ‘esto te lo voy a quitar sino me ayudas’, que lo denuncie, está la PGJEH, tiene una fiscalía especializada en delitos electorales, esta también a nivel federal, es un delito utilizarlo, nada de utilización incorrecta de los programas sociales”.

Finalmente, habló sobre la estrategia de seguridad en la región de Tula de Allende, ante la incidencia de delitos en la zona, por lo que prevalece coordinación en el gabinete de seguridad para fortalecer el combate a la delincuencia.

“Es un reforzamiento, no es un cambio, es simplemente atender las circunstancias que han venido sucediendo y al día siguiente que lo anuncié, estuvo el secretario de Gobierno, el Gabinete de Seguridad en Tula, también hay que reconocerlo, sigue habiendo algunos incidentes, pero la fuerza del estado allí está presente y lo vamos a seguir haciendo, no solamente en esa región que en este momento tiene su problemática, sino en todos los rincones del estado, la demanda de seguridad es constante”.