–ACCIÓN. En el expediente 208/2023 se refuta el numeral 26 de la Ley de Comunicación Social, bajo el argumento de que atenta en la autonomía para ejercer presupuestos

FALLIDA REFORMA ELECTORAL

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Al menos dos controversias constitucionales interpuso el Instituto Estatal Electoral (IEEH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una contra la Ley General de Comunicación Social que limita el gasto anual en la materia, y otro recurso para impugnar las reformas a las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Ley de Partidos Políticos (LGPP); Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación.

Hace meses, primero formalizó el expediente 208/2023 principalmente para refutar el numeral 26 de la Ley de Comunicación Social, bajo el argumento de que atenta en la autonomía para ejercer presupuestos, en donde y como lo gastarán, además de vulnerar la libertad para delinear sus estrategias de difusión.

El artículo 26 señala que los entes públicos elaborarán programas anuales de comunicación social que observarán especificaciones como objetivos, metas, procedimientos, tiempos, en tanto que, puntualiza que quienes disponen de esos recursos, municipios, entidades y órganos autónomos, el límite del gasto para ello, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento (%) del presupuesto de egresos anual correspondiente.

Incluso, recientemente la bancada de Morena en la Cámara de Diputados “se echó para atrás” y modificó dicha disposición ante su eventual inconstitucionalidad; pese a ello, prevalece en valoración por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otro lado, el IEEH promovió el expediente 297/2023 contra el segundo decreto publicado el 2 de marzo contra Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Ley General de Partidos Políticos (LGPP); Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación.

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) advierten que con esta reforma arriesgan la instalación de mesas directivas de casillas y los cómputos, afectaciones en la logística para recopilación de paquetes, conteos de votos, desaparecen áreas y compactan sus atribuciones, entre otras.

Como dato relevante, del primer decreto arribaron siete acciones de inconstitucionalidad y 161 controversias constitucionales; mientras que, del segundo, dos acciones de inconstitucionalidad y tres controversias, más los acumulados.