-Con cifras, Christian Uziel García, explica que las instituciones electorales nacionales han garantizado condiciones democráticas y estabilidad política que es importante preservar

EN MANOS DE LA SCJN

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Existe una preocupación legítima de que el “Plan B” comprometa la calidad y principios de certeza, legalidad, independencia y máxima publicidad que rigen las contiendas en México, por ello, el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Christian Uziel García Reyes, reiteró que México cuenta con un sistema democrático reconocido y perfectible.

Precisó que desde 2014, a partir de la consolidación del Instituto Nacional Electoral (INE) con un modelo de coordinación entre los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), en el país organizaron 330 elecciones sin conflictos posteriores; con un porcentaje de alternancia a nivel local y federal del 62 por ciento (%).

El consejero abundó que, en ese lapso, los OPLE realizaron 57 elecciones a la gubernatura, 154 de ayuntamientos y 99 para congresos locales, es decir, una elección democrática y legítima de más de 55 mil cargos en disputa, 55 gubernaturas, 3 mil 296 diputaciones, 5 mil 932 presidencias municipales, 5 mil 572 sindicaturas, más de 40 mil 490 regidurías.

“Esto da muestra de cómo las instituciones electorales mexicanas han garantizado condiciones democráticas y estabilidad política que es importante preservar”.

García Reyes insistió en el llamado de las autoridades electorales federales y locales para contribuir con el Congreso de la Unión para exponer los diagnósticos técnicos que coadyuven en la discusión o elaboración de normativas en la materia.

“Si hay preocupación legitima que en las actividades que forman parte de esta organización del proceso electoral se comprometa la calidad de los trabajos y los principios de certeza, legalidad e independencia, máxima publicidad que rigen la función electoral, sobre todo, porque estamos a la proximidad de los comicios del 2024 en los que renovarán los Poderes Legislativo y Ejecutivo federal y diversos cargos en las 32 entidades, entre ellas nueve gubernaturas”.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la constitucionalidad o no de este paquete conocido como “Plan B” de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, Ley General de Responsabilidades Administrativas, en un primer decreto publicado en diciembre del 2022; así como las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Ley de Partidos Políticos (LGPP) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expedición de la Ley General de Medios de Impugnación, de un segundo decreto de marzo del 2023