Leonardo Herrera

En los últimos cinco años, se han acumulado 12 denuncias en la Procuraduría de Justicia por el delito de peculado en contra de expresidentes municipales, que presuntamente desviaron más de 600 millones de pesos desde el 2017 destinados a obras y salvo los últimos cuatro casos relacionados con la llamada “Estafa Siniestra”, en ninguno de los anteriores procesos se pudo recuperar el dinero.

Sólo en cinco casos se judicializaron las carpetas de investigación y cuatro exfuncionarios fueron encarcelados, los demás se encuentran libres, algunos concluyeron su proceso y del dinero público, lo único que se supo fue el presunto aprovechamiento personal que tuvieron los exediles de Mineral de la Reforma, Alfajayucan, Apan, Santiago de Anaya, Tula, Atotonilco de Tula, Tezontepec, Tlahuelilpan.

La reflexión de los asesores jurídicos de la actual administración es que algunos exfuncionarios públicos deciden cometer un delito y enfrentar un proceso penal a cambio de beneficiarse económicamente con el dinero público y con ello pretender “asegurar el futuro” de sus familiares, para después obtener la libertad y disfrutar de lo que nada les costó.

Es por ello, que se busca aplicar Ley de Extinción de Dominio que impulsó justamente el actual gobernador Julio Menchaca Salazar, cuando era senador de la República y que busca confiscar todos los bienes inmuebles y cuentas bancarias a exservidores públicos que se beneficiaron ilegalmente del presupuesto.

Lo recuperado llegaría al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, donde ya se encuentran los primeros 100 millones de pesos que se confiscaron de la llamada “Estafa Siniestra”, mecanismo mediante el cual, 13 presidentes municipales a través de empresas fachadas con el apoyo de funcionarios estatales, desviaron más de 600 millones de pesos, según las investigaciones de la Procuraduría Estatal.

Sería apenas, el inicio de una cantidad importante de recursos que estarían llegando a este organismo recién creado por iniciativa del mandatario y con lo que se buscan atender las necesidades de las poblaciones apartadas en los 84 municipios de estado.

A los 100 millones se alista también la entrega de 500 más que se han obtenido del programa de reemplacamiento, lo que representaría una bolsa de casi 700 millones de pesos de presupuesto adicional que se destinará para atender el rezago histórico de infraestructura, lo que marca un hecho sin precedente en el estado de transferencia directa a la población de dinero producto de delitos y recaudación. 

De mi tintero… El que ya no encuentra la salida es el rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Pachuca el exconsejero electoral acusado de aviador, Guillermo Mejía Ángeles, pues ya se dio cuenta que no es tema de medios de comunicación, sino de sus malas decisiones y actuación, la inconformidad que hay en la comunidad docente que amenazó con un paro de labores de continuar con los despidos injustificados… La que resulta ser un ejemplo de incongruencia es Claudia Soto Rivera, agente del Ministerio Público de la PGJEH adscrita al juzgado primero penal de Pachuca, pues se dedica a defender los derechos de la familia y los menores, pero viola los de su propio hijo, pues fue denunciada por su pareja de incumplimiento de pensión alimenticia en el juzgado cuarto de Tulancingo, ojalá se aplique el mismo rigor que ella dice tener y no haya protección a su presunta ilegalidad… 

Twitter: @herreleo