–LEGALIDAD. El Gobierno Estatal reservó por cinco años, con posibilidad de ampliarse, la información relacionada al servicio de protección de personas con cargo al erario.

ESCOLTAS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Debido a que compromete la seguridad pública, pone en peligro las funciones tendientes a preservar y resguardar la vida, salud, integridad, ejercicio de los derechos y mantenimiento del orden público, además de atentar a la capacidad de reacción, planes, estrategias o tecnología de las instituciones encargadas en este rubro, el Gobierno Estatal reservó por cinco años, con posibilidad de ampliarse, la información relacionada al servicio de protección de personas con cargo al erario.

Al primer año del mandatario, Julio Menchaca Salazar, invirtieron más de 130 millones de pesos en seguridad pública, entregaron 200 vehículos especializados, 4 mil uniformes y mil 50 equipos de protección balística para tareas de prevención y combate al delito.

Igualmente, recuperaron mil 569 vehículos con reporte de robo, aseguraron 5 mil 315 unidades móviles vinculadas presuntamente con actos ilícitos en 60 municipios, recobraron de 2.3 millones de litros de hidrocarburo y ubicaron al menos siete túneles en el que trasladaban combustible sustraído ilegalmente.

A estas acciones suman la detención de presuntos culpables por narcomenudeo, extorsión, secuestro, feminicidios e incluso exfuncionarios o servidores públicos por tentativo desvío de recursos o peculado.

Ante ello, en diferentes espacios el gobernador de Hidalgo enfatizó que no hay intocables en las investigaciones por actos de corrupción, mal uso de atribuciones, robo a la nación o cualquier delito e incluso subrayó que prevalece “mano dura” y una estrategia coordinada con uso de tecnología, recursos humanos y materiales para proteger a la ciudadanía.

En tanto, también reconoció en julio pasado que a diferencia de otros encargos que ocupó, ahora como titular del Poder Ejecutivo es la primera ocasión que utiliza escoltas por un tema de seguridad.

“Por una cuestión que debe parecer lógica, no es nada cómoda, es la primera vez en 40 años que tengo de ser abogado que tengo el servicio de seguridad, ni como diputado, ni presidente del tribunal, ni senador, se los aseguro, no es nada cómodo, tampoco pretendo ser imprudente, estamos pisando callos, ejerciendo el poder del estado como lo exige la sociedad y eso conlleva también que genere molestias de algunas personas”, declaró Menchaca.

EN LA LEY

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del año 2023, únicamente podrán contar con escoltas con cargo al erario público, el gobernador y los servidores públicos con alta responsabilidad en seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Por lo que este diario solicitó los datos sobre el número de acompañantes asignados, cuáles eran los niveles y puestos que ostentan según el analítico de plazas para cuerpos de seguridad; también, si el encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) u otros secretarios contaban con este tipo de protección.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

En la solicitud 130213100157523, el Poder Ejecutivo respondió que encuadra como información legalmente considerada como reservada y por tanto de acceso restringido, tal como lo establece el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, así como en los supuestos del 113 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, “al poner en peligro las funciones a cargo de la federación, estados y municipios tendientes a preservar y resguardar la vida, salud, integridad y ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público; la que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones”.

De igual forma, por lo establecido en el párrafo tercero del artículo 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema, así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación, cuya consulta es exclusiva de las instituciones facultadas en cada caso.

LA RESPUESTA

Aunque en la respuesta no especificó la fecha de la sesión celebrada por el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo para determinar la reserva mencionada, insiste que la apertura de la información generaría una afectación, puesto que la misma constituye un riesgo real, demostrable e identificable.

“Al hacerse pública la información, se comprometería la seguridad pública, así como la integridad física y seguridad de quienes laboran en esta secretaría, además de que causarían un perjuicio grave en las actividades de prevención y persecución de los delitos”.

Pese a que pareciera un dato meramente estadístico, justifica la solicitud, puede ser utilizada o aprovechada por personas con intereses distintos a los fines de la seguridad pública para neutralizar, superar o desafiar al poder del estado y con esto afectar la capacidad de reacción y eficiencia de la fuerza operativa que integran el grupo de guardaespaldas que brindan protección a funcionarios y con ello colocaría en riesgo no solo la integridad sino la vida de estos.

“Generaría vulnerabilidades y por ende acrecentaría más el riesgo de que grupos de la delincuencia organizada o personas resentidas con las acciones que se han emprendido en la actual  administración del C. Gobernador, Julio Menchaca Salazar, pudieran perpetrar atentados con una alta probabilidad de que se materialicen,  pudiendo con esto lesionar u ocasionar la muerte de algún funcionario público que por ley recibe la protección del estado, del personal operativo que presta dicho servicio o incluso de la sociedad civil al encontrarse cerca de un posible atentado”, abunda el folio 130213100157523.

DATOS SENSIBLES

Agrega que provocaría un grave riesgo en la seguridad de los funcionarios y de la propia custodia, pues dependen en gran medida de la discrecionalidad y sigilo con el que realizan su labor cotidiana, por lo que la reserva respeta el principio de proporcionalidad toda vez que la protección del derecho a la vida es mayor al acceso de la información.

También precisó que los funcionarios públicos los cuales tienen el apoyo de servicios de protección son aquellos cuyas funciones están relacionadas con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que en razón de su empleo, cargo o comisión asuman riesgos en el desempeño de sus atribuciones.

“Por tal motivo y dada la naturaleza de la información que se pretende tener acceso, debe determinarse que en lo sucesivo se evite se difunda, publique, entregue o permita su acceso a persona alguna distinta a las que por ley puede o debe tener acceso a la misma, debido a que esta tiene el carácter de RESERVADA pues al proporcionar la información, se pone en riesgo el derecho a la vida de las personas llámense servidores públicos o población en general”.

Insiste que no es justificable el interés particular de acceso a la información por encima de un interés general tutelado por el estado, como es la vida, el orden y paz social.

La información quedó reservada por un plazo de cinco años, sin perjuicio de que en su oportunidad determinen la ampliación por otro periodo igual en el supuesto de que aún subsistan las causas que hoy lo motivan, la unidad responsable de su conservación, guarda y custodia es la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo.

Incrementan escoltas

En la petición informativa únicamente indicó que los puestos que ostentan en el analítico de plazas para cuerpos de seguridad son escolta A en el nivel 10 y escolta de nivel 09.

Con base en información del presupuesto de egresos del 2023, dentro del tabulador de honorarios exhibe que los escoltas A aparecen en nivel 10A, con un salario mensual entre los 18 mil 500 a 22 mil 300 pesos; escolta en nivel 09D, con un sueldo que va de 15 mil 300 a 17 mil 500.

De igual forma, escoltas B bajo el nivel 8B1 con una remuneración al mes entre 8 mil 800 a 11 mil 500 pesos.

La Crónica de Hoy en Hidalgo también verificó el anexo 39 del presupuesto de egresos del actual ejercicio fiscal en cuanto a las plazas de cuerpos de seguridad aparecen: los escoltas tipo B con nivel 8B1 y que dos son ocupadas; aquellas clasificadas como A que contabiliza 98 adscritos y los escoltas con nivel 09 que suman 107.

Destaca que, al comparar con ejercicios fiscales anteriores, incrementó el número de integrantes de estas comitivas, pues en el año 2021 eran dos escoltas B, 56 de tipo A y 99 numerarios, en tanto, que para el 2022 pormenorizó dos clasificados B, 60 del A y 97 del resto.