En un movimiento que marca un hito en la historia política de México, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ha iniciado el proceso para someterse a la revocación de mandato. Este ejercicio, anunciado el pasado 5 de septiembre durante su tercer informe de gobierno, lo convierte en el primer mandatario estatal en promover voluntariamente esta figura democrática, siguiendo el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador a nivel federal.  En un contexto donde la participación ciudadana se erige como pilar de la Cuarta Transformación, este paso no solo cumple una promesa de campaña, sino que envía un mensaje claro sobre accountability y confianza con el pueblo de Hidalgo.

La revocación de mandato en Hidalgo no surge de la nada; es el resultado de una iniciativa impulsada por el propio gobernador. En diciembre de 2022, presentó al Congreso local una propuesta de ley que fue aprobada. Esta norma armoniza la legislación estatal con la federal, permitiendo que la ciudadanía decida si un funcionario electo, en este caso el gobernador, debe continuar o renunciar a su cargo. La ley establece que el proceso puede iniciarse a partir de la mitad del mandato en este sexenio, desde septiembre de 2025, y solo procede si se reúnen firmas equivalentes al 10% del padrón electoral (aproximadamente 236,529 rúbricas) distribuidas en al menos 43 de los 84 municipios de Hidalgo.

El pasado viernes en el marco de su tercer informe el jefe del Ejecutivo, firmó el formato requerido por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para dar inicio formal al proceso, invitando a la ciudadanía a participar. 

El timeline es preciso: hasta el 5 de octubre se puede presentar la intención de revocación; luego, hay tres meses (hasta el 5 de diciembre) para recolectar firmas. La jornada de votación está programada para el 26 de abril de 2026.

La columna vertebral del ejercicio es que los partidos políticos no pueden promover ni recolectar firmas, garantizando que sea un ejercicio genuinamente ciudadano.

El IEEH ha solicitado un presupuesto inicial de unos 14 millones de pesos para las etapas preliminares, lo que subraya la seriedad institucional del mecanismo.

Este antecedente se enmarca en un panorama nacional donde la revocación ha sido controvertida recordemos la consulta federal de 2022, con baja participación pero ratificación para López Obrador. En Hidalgo, Julio Menchaca no enfrenta una oposición organizada que impulse su remoción; al contrario, él mismo la promueve, lo que invierte la lógica tradicional de esta herramienta, usualmente usada contra gobernantes impopulares.

El mensaje detrás de esta iniciativa es profundo y multifacético. El gobernador Menchaca, emanado de Morena, reafirma el lema de “el pueblo manda” al someterse al “juicio del pueblo”.  En sus palabras, gobernar implica servir y someterse al escrutinio ciudadano, fortaleciendo la confianza mutua entre autoridades y sociedad.

No es un acto de confrontación, como él mismo ha enfatizado, sino una oportunidad para validar su administración, que en tres años ha reportado avances como la reducción de la pobreza en 154 mil personas, inversión de 8,500 millones de pesos en programas sociales y mejoras en seguridad.

Políticamente, esto envía una señal a nivel nacional: en un México polarizado, donde la oposición critica a Morena por concentración de poder, el primer hombre de Hidalgo demuestra apertura democrática. Ex gobernadores como Francisco Olvera Ruiz y Manuel Ángel Núñez Soto han calificado el ejercicio como “democrático” y reflejo de la seguridad en su gestión.   Además, al invitar a los 600 mil votantes que lo respaldaron en 2022 a firmar por su continuidad, transforma la revocación en una ratificación potencial, alineada con la narrativa transformadora de empoderar al ciudadano común.

Sin embargo, el mensaje también implica riesgos: si bien promueve transparencia, podría interpretarse como una maniobra para consolidar apoyo en un estado donde Morena domina, pero donde persisten desafíos. Es un recordatorio de que la democracia no es solo electoral, sino continua y participativa.

De cara a la consulta del 26 de abril de 2026, las perspectivas son optimistas para el mandatario hidalguense. Con una aprobación que se infiere alta dado el respaldo electoral reciente de Morena en Hidalgo y el país, es probable que supere el umbral vinculante: al menos 40% de participación en el padrón y mayoría de votos a favor de su remoción para que proceda.  La mayoría optara por su continuidad, saldrá fortalecido, con “más fuerza” para el resto del sexenio.  Diversos actores políticos coinciden en que su insistencia refleja confianza en la validación popular.

A largo plazo, este precedente podría inspirar a otros estados a activar mecanismos similares, consolidando la revocación como herramienta real contra el mal gobierno, aunque depende de la participación ciudadana un reto histórico en México, donde consultas pasadas han tenido baja afluencia.

En suma, la revocación  no solo evalúa el mandato del primer jefe del ejecutivo no emanado del ya desdibujado revolucionario institucional, sino que eleva el estándar democrático en México. Ante tal ejercicio democrático, Hidalgo se posicionará como vanguardia de la participación popular; si no, podría revelar fisuras en el modelo. Sea como sea, el pueblo, efectivamente, manda.

X: @David_Tenorio