Ixmiquilpan

Andrés Torres Aguirre

La ola delictiva y de violencia que existe en Ixmiquilpan, tiene su origen hace varios años pero su principal motor han sido los excesos de las autoridades, que además fomentaron la corrupción y la impunidad.

Secuestros, robos, extorsiones y nueve cadáveres, convencieron a la sociedad ixmiquilpense, ahora sí, de que tiene un problema grave de inseguridad.

El consentimiento de alcaldes, diputados locales, delegados y líderes de todos los partidos y organizaciones permitió que floreciera un sector dedicado a actividades ilícitas que goza, evidentemente, de protección oficial.

Una historia.

En la administración municipal del priista Heriberto Lugo apareció en la zona de Ixmiquilpan un grupo denominado “Los Vallarta”, fueron contratados para conformar un grupo de choque en aquella turbulenta época de intolerancia religiosa, disputas con el PRD.

Los Vallarta también fueron contratados por el candidato a diputado, Héctor Pedraza, para “cuidar el voto” durante su campaña; este grupo fue cambiando de mecenas hasta incorporarse al proyecto de Cipriano Charrez y hasta hoy el alcalde Pascual Charrez tolera su presencia en la zona.

El gobierno del estado sabe perfectamente de esta situación, pero como desde hace tres administraciones municipales la policía local, por órdenes de los acaldes, se niega a coordinar cualquier acción, Ixmiquilpan es prácticamente una isla gobernada por los grupos delincuenciales que ahí tienen presencia.

Los hechos violentos denominados El gasolinazo, los enfrentamientos en comunidades, cierres carreteros y otros eventos violentos de los últimos años, estuvieron matizados por la presencia de estas agrupaciones que además se aprovechan de la población, mintiéndoles e incitándolos a la movilización ilegal.

Específicamente sobre los últimos y brutales asesinatos ocurridos en Ixmiquilpan, se habla de la disputa entre cárteles de la droga, pero ninguna autoridad ofrece información, debido a la falta de coordinación que sostienen. Será necesaria la presencia del Ejército en la zona si de verdad se quiere combatir el problema, pero existe riesgo de que la población no reaccione favorablemente a operativos de la Sedena, como sucedió con la Policía Federal.