-Las observaciones de la ASEH sumaron 750 mil 761.45 por gastos sin justificar, en 2023 la cifra se disparó a 4.6 millones y en 2024

ASEH

Alberto Quintana Codallos

Registra observaciones en sus cuentas públicas del dif municipal, la actual secretaria municipal de Tizayuca, Adriana Ángeles Quezada por más de 17 millones de pesos de acuerdo a la Auditoria Superior del estado de Hidalgo (ASEH).

En 2022, las observaciones de la ASEH sumaron 750 mil 761.45 por gastos sin justificar, en 2023 la cifra se disparó a 4.6 millones y en 2024 el monto observado alcanzó 12 millones 398,457.61 de pesos.

Las irregularidades financieras del sistema dif municipal se registran por gastos improcedentes y descontrol administrativo durante los tres años que estuvo al frente del organismo.

Los informes correspondientes a las Cuentas Públicas 2022, 2023 y 2024, elaborados por la ASEH, revelan un patrón de corrupción, recursos desviados de su objetivo social, ausencia de controles internos, pagos indebidos y un

desprecio progresivo por la normatividad que rige el ejercicio del gasto público.

Lo que refleja un incremento de más del mil 500 por ciento en apenas tres años, una evidencia contundente de la degradación de la gestión pública bajo la dirección de Adriana Ángeles.

Los tres dictámenes emitidos por la ASEH fueron coincidentes “Opinión con salvedad”, lo que significa que la entidad incumplió de forma significativa con la normativa financiera y administrativa.

Es importante destacar que ningún año fue solvente, y en cada ejercicio se repitieron y agravaron las mismas fallas.

A partir de 2023, la Auditoría detectó pagos millonarios improcedentes destinados al Bioparque Tekuayan, un espacio recreativo y conservación de fauna que nada tiene que ver con el objeto de asistencia social del DIF.

Tan solo en 2024, se erogaron más de 800 mil pesos en alimentación de animales, sueldos, compensaciones y medicinas veterinarias por cientos de miles de pesos adicionales.

La ASEH determinó que los gastos no están dentro de las atribuciones legales del DIF, ya que los recursos públicos asignados debieron destinarse a mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Las partidas de “Ayudas Sociales a Personas” y “Alimentación de Personas” carecieron de padrones, controles de almacén o evidencia de entrega.

Las auditorías detectaron un descontrol en el capítulo de servicios personales: pagos sin contratos por 3.2 millones de pesos, plazas no autorizadas por 2.5 millones, y compensaciones ilegales por casi medio millón.

Además, personal eventual del Bioparque cobró sueldos y bonos fuera de presupuesto, confirmando un patrón de uso discrecional del dinero público.

La ASEH también documentó ingresos no depositados, gastos sin comprobación y violaciones a la Ley de Disciplina Financiera, al superar el límite legal del gasto en servicios personales.